Observación electoral ciudadana
La observación electoral ciudadana es la participación activa de personas independientes que, de manera imparcial y no partidaria, acompañan las elecciones para verificar que sean transparentes, inclusivas y confiables. Su presencia fortalece la democracia porque da confianza a la ciudadanía, previene irregularidades y promueve que cada voto sea respetado.
Una alianza ciudadana
monitorea
al ente electoral para asegurar la transparencia e integridad del proceso.
En 2020 y luego de la crisis político institucional de 2019, la Fundación Jubileo conformó la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) con el propósito de involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos y de promover el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas.
A partir de su creación, la Alianza OCD ha conformado misiones de observación electoral ciudadana para las elecciones generales de 2020, subnacionales de 2021, judiciales de 2024.
Para las elecciones generales de 2025 (primera vuelta), la misión ha sido acreditada ante el Tribunal Supremo Electoral como Misión de Observación Electoral de la Fundación Jubileo y ha estado conformada por 548 estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública, Derecho y Comunicación Social de universidades públicas y privadas aliadas a la OCD.
El compromiso y entrega de los observadores de la primera vuelta ha motivado a 450 nuevos observadores para actuar en la segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de octubre, que también serán acreditados por el Tribunal Supremo Electoral.
Reportes informativos Durante la jornada electoral, la MOE de Jubileo emite 3 reportes informativos dirigidos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las misiones internacionales de observación electoral.
Informes de observación Después de cada jornada electoral, la MOE de la Alianza OCD (elecciones generales de 2020 y subnacionales de 2021) y la MOE de la Fundación Jubileo (elecciones generales 2025) han producido informes responsables e independientes con recomendaciones destinadas a mejorar futuros procesos electorales en Bolivia.
Propuestas técnicas Adicionalmente, la MOE de Jubileo trabaja en periodos no electorales en la elaboración de propuestas ciudadanas para mejorar la normativa electoral. Este trabajo está dirigido a fortalecer la participación electoral de diferentes sectores de la población y la integridad de los procesos electorales.
La observación electoral ciudadana se fundamenta en la imparcialidad, la independencia y la transparencia. Esto significa que quienes participan en ella no apoyan ni se oponen a ningún partido o candidatura, sino que velan por la integridad del proceso y el respeto a la voluntad popular. Su actuación se basa en la autonomía frente a autoridades y actores políticos, y en la obligación de rendir cuentas mediante informes claros y basados en evidencias verificables.
El proceso de observación requiere metodologías rigurosas y sistemáticas, así como el cumplimiento estricto de la legalidad y la normativa electoral. Además, pone especial énfasis en la inclusión, garantizando el respeto a los derechos políticos de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas originario campesinos y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La conducta de los observadores debe ser ética, responsable y respetuosa, evitando cualquier señal de parcialidad o discriminación.
Asimismo, se resalta la importancia de proteger la confidencialidad y la seguridad de la información recabada, utilizando los materiales solo con fines de verificación. La observación también promueve el diálogo constructivo con autoridades electorales y actores relevantes, manteniendo siempre la independencia crítica. Finalmente, los hallazgos deben difundirse de manera objetiva, clara y oportuna, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y contribuir a mejorar la calidad de los procesos
La observación electoral es una forma de participación política en sí misma y una forma de ejercer derechos políticos en el caso de quien observa desde el ámbito nacional, al cuidar, defender y promover los principios que deben regir los procesos electorales como: la transparencia, certeza, legalidad, equidad, el voto universal y secreto ante una pluralidad de propuestas políticas.
En reconocimiento a esto, la CIDH emitió en 2024 una resolución que reconoce explícitamente que las personas observadoras electorales nacionales e internacionales pueden ser consideradas defensoras de derechos humanos, dadas las funciones que cumplen en proteger y garantizar derechos civiles y políticos.
“Las personas observadoras electorales como defensoras de derechos humanos”
El sistema democrático y el Estado de derecho son indispensables para la plena garantía de los derechos humanos, en especial de los derechos políticos como votar y ser elegible, los cuales requieren elecciones libres, justas y observadas. La labor de los observadores electorales contribuye al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión, acceso a la información, igualdad ante la ley y no discriminación, además de constituir en sí misma una forma de participación política desde el ámbito ciudadano al resguardar la integridad del proceso.
En 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció a los observadores electorales, nacionales e internacionales, como defensores de derechos humanos, ya que su trabajo fortalece el derecho a elegir y ser elegido, la transparencia y la participación en igualdad de condiciones. Por ello, la CIDH insta a los Estados, incluido Bolivia, a garantizar condiciones que permitan a los observadores ejercer su labor con libertad, sin amenazas ni represalias, y a considerar sus informes como insumos legítimos para el fortalecimiento democrático.
Los observadores electorales deben mantener estricta imparcialidad política y neutralidad, absteniéndose de expresar preferencias, dar declaraciones a medios o difundir en redes sociales su trabajo. Su labor debe ser independiente del gobierno, guiada por buenas prácticas y principios no partidarios, siempre dentro del marco de la no violencia, la Constitución, las leyes y los estándares internacionales en materia electoral.
Asimismo, deben respetar el papel de las autoridades electorales, sin interferir en la administración del proceso, y colaborar con otros observadores nacionales e internacionales bajo principios comunes. Finalmente, su tarea implica informar con imparcialidad, precisión y oportunidad, documentando de manera suficiente tanto los aspectos positivos como los problemas detectados, para ofrecer una visión completa y confiable del proceso electoral.
