El documento presenta propuestas de organizaciones de pueblos indígena originario campesinos para la administración electoral. Estas peticiones, de las cuales dos ya son vigentes, buscan mejorar el proceso, recalcando la necesidad de que toda decisión electoral esté motivada y fundamentada técnicamente, respetando el debido proceso. El texto destaca la facultad del Tribunal Supremo Electoral para implementarlas e incluso sugiere un artículo para reglamentos.