Reportaje seleccionado
El breve paso de esta exconcejala por el ejecutivo de La Guardia revela cómo el poder político en Bolivia es un territorio hostil para las mujeres. Fue víctima de violencia y acoso, que castiga a quien se atreve a ejercer autoridad sin someterse.
Por Roxana Jiménez León, periodista
En mayo de 2012, Jenny Fernández entró a la sesión del Concejo como quien entra a un cuarto en llamas. Entró como concejala y salió de ella como alcaldesa interina. De los siete integrantes del Concejo, tres votaron por ella. Curiosamente, eran opositores. Con el voto de ella misma, se llegó a la mayoría. Ninguno de los otros tres integrantes de su partido, el MAS, le dio su voto. Intentó gobernar en medio del ruido: amenazas, empujones, insultos y traiciones. Tenía enemigos afuera y adentro. En su propio partido no admitían que fuese elegida y la llamaban traidora. También tenía un ser que estaba creciendo en su interior. Su segundo hijo.
Quedó como quedan muchas mujeres en la política boliviana: de pie, expulsada, y desamparada. Usada como “mal menor” y reemplazada como si nunca hubiera importado, su breve mandato sigue resonando: prueba de que a veces, incluso en medio del tumulto, una mujer puede abrir una grieta en la pared más dura.
En La Guardia, ubicado a 20 km al oeste de la capital cruceña, el poder siempre huele a sudor, empujones y papeles que cambian de dueño sin cambiar de tinta. Después de veinte años de una alcaldía dirigida por Jorge “Chichino” Morales, las tres concejalas del partido Voluntad Ciudadana Equidad Social (Voces), Isabel Jiménez Añez, Asunta Melgar Domínguez y Mirtha Elena Siles Bazán, hartas de obedecer y sorprendidas por la caída de su propio líder, votaron por Jenny Fernández, una mujer del MAS (Movimiento al Socialismo).
Ese día se escucharon los golpes: vecinos contra jóvenes traídos en camiones, funcionarios contra desconocidos que gritaban consignas que parecían recién aprendidas. Los policías llegaron para poner orden, pero lo único que lograron fue encuadrar la escena: el caos sostenido por cascos y escudos.
De esta manera, a sus 29 años, Jenny Fernández entendió que en la política no siempre gana quien tiene el cargo, sino quien tiene las fuerzas para sostenerlo. Habían pasado apenas dos años desde que, en 2010, fuera electa concejala. Ese mayo de 2012, en una sesión que prometía ser histórica, la nombraron alcaldesa. A ella le temblaban un poco las manos, pero aceptó. Después de ese día, los mismos pasillos donde la felicitaron se llenaron de rumores, gestos torcidos y puertas que dejaban de abrirse.
La política, para una mujer, en muchos municipios de Bolivia, es un deporte de contacto y en La Guardia, contacto quiere decir golpes, firmas falsificadas, sesiones convocadas sin aviso, resoluciones que aparecen bajo la puerta y violencia en todas sus versiones. “Sufrí acoso y violencia política de parte de la dirigencia de mi partido. Tomaron como una traición que yo hubiera sido elegida con los votos opositores. Ellos querían manejar el municipio para su beneficio; yo quería hacer las cosas bien”, enfatiza.
En el mapa político cruceño, la presencia femenina es de apenas siete alcaldesas frente a 47 hombres que ocupan los asientos ejecutivos de los municipios. La cifra, publicada en el Observatorio de Paridad Democrática (OPD), más que un simple dato, es una fotografía de cómo la política se vuelve un campo donde el cuerpo femenino es la excepción, nunca la norma. Desde 2018 hasta 2025, 537 mujeres decidieron abandonar la arena pública, no por cansancio, sino por presión, amenazas y hostigamientos que se disfrazan de procedimientos administrativos o de reuniones urgentes a puerta cerrada. En el mismo periodo, se acumularon 385 denuncias por acoso y violencia política; de esta cifra, sólo tres casos fueron identificados en La Guardia, dos en 2018 y uno en 2021.
Los números, puestos así, parecen un inventario; pero detrás de cada uno hay una firma obligada, un mensaje intimidante, una sesión edil que se convierte en emboscada. Un país donde las cifras hablan y lo que dicen, aunque duela, es que la democracia sigue siendo, para muchas, un lugar al que se entra con miedo y se vive con impotencia; la misma que Jenny Fernández sintió cuando recibió una llamada: ya no era alcaldesa. Otra sesión, otra votación exprés, otro acto de posesión. El elegido: Jaime Cabrera, un concejal del MAS con un proceso judicial por violación agravada a una menor. La Defensoría del Pueblo pidió que no lo posesionaran. Nadie escuchó. Así se daba la razón y la silla edil a Jaime Cabrera.
Jenny denunció la falsificación de su firma. Cabrera dijo que todo era un malentendido, que las acusaciones “ya pasaron”. Afuera del edificio, otra vez, dos bandos gritándose: quienes pedían que ella volviera y quienes celebraban el ascenso del nuevo alcalde, que entró a las oficinas con una pata de cabra mientras treinta policías le abrían paso.
El documento de renuncia con su firma falsificada había sido validado en una sesión extraordinaria. Fernández reaccionó como reaccionan las personas que aún creen en la justicia: presentó un amparo constitucional. En Santa Cruz no le dieron curso. Lo mandaron a Sucre. Así comenzó un peregrinaje jurídico que duraría un año entero con la denuncia contra Jaime Cabrera, Mario Subirana, Edwin Peredo y Rolando Omar Romero.
Mientras tanto, su cuerpo sostenía otra batalla: un embarazo de cuatro meses que era delicado. Un estado que la volvía vulnerable y frágil. Como si la vida insistiera en recordarle que también hay gestos que crecen en silencio, incluso cuando el mundo se vuelve hostil y las agresiones hacia ella no tuvieran pausa. Llegaron los empujones, los jalones, las amenazas. Hubo días en que terminó internada por complicaciones de salud. Días en los que pensó que perdería a su bebé. Días en los que la policía, aliada con sus adversarios, aparecía para recordarle que el poder, cuando se tuerce, se vuelve un arma.
El nuevo alcalde no tardó en mostrar su estilo. La primera despedida fue la directora de Género y Asuntos Jurídicos, Anahí Araúz Queirolo, la única que llevaba adelante el proceso por violación contra él. La Guardia volvía a ser lo de siempre: un territorio donde la política se disputa a puñetazos y donde la participación de una mujer se convierte en un episodio breve, casi milagroso, en un largo ciclo dominado por hombres que entran y salen por la fuerza.
En medio del caos Fernández buscó apoyo en la Asociación de concejalas de Santa Cruz (ACOBOL). Se había promulgado, hacía apenas semanas, la Ley 243 contra el acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. “Sabemos cómo se mueve lo político: no importan las leyes, abusan del poder”, enfatiza la exconcejala.
Finalmente, un año después, en mayo del 2013, salió la sentencia 2135-2012 que ordenaba su reincorporación como alcaldesa. Para que se cumpliera tuvieron que llegar funcionarios judiciales y policías. La escena fue casi cinematográfica: puertas abriéndose a la fuerza pública, papeles en mano, ordenando lo que se había negado durante un año. Jenny volvió a su silla; pero la victoria, como casi siempre en estos casos, llegó con un sabor metálico.
“Me sentí huérfana. No había voluntad de ninguno de los concejales”, recuerda.
Con su hijo recién nacido, ella insistía en cumplir con sus funciones. Contra ella se alineaban autoridades, policías, el abolido Ministerio de Autonomías; instituciones enteras cuya tarea parecía ser una sola: impedir que su firma tuviera validez. “Mis agresores tenían influencias en todas partes. No quería poner en peligro mi vida ni la de mi bebé y tuve que alejarme”, dice como si la historia le perteneciera, pero ya no le doliera. El apoyo de su madre, entonces aún con vida, y su esposo, fueron fundamentales.
La psicóloga Fabiola Rojas, activista por los derechos humanos de las niñas y mujeres, resalta que para hacer política se tiene que estar rodeada y blindada por la familia. Las que no tienen ese sostén suelen caer temprano, y no es casual que los divorcios se acumulen en los primeros años de mandato. Habla de la contención emocional y del acompañamiento legal que debería existir. “Algunas autoridades tienen asesores pero que solo acompañan hasta la puerta y no así a realizar papeles que deben peregrinar de oficina en oficina, memorial tras memorial, mientras las autoridades mujeres se desgastan en un laberinto pensado para quebrarlas”, enfatiza.
La experta señala que lo primero que hacen es meterse con su dignidad. Se revisan vidas privadas, se juzgan matrimonios, se hurga en la intimidad para convertirla en arma. “Es una cuestión dolorosa. Esto debería considerarse una forma de tortura”, dice, y no hay exageración en su voz. En su mapa de amenazas, la gestión compartida es una trampa disfrazada de acuerdo, y el ciberacoso es un filo nuevo que corta con precisión. “El acoso político es un delito que avanza con velocidad y que en 11 años apenas ha producido un puñado de sentencias. Hay denuncias que no nacen porque nadie quiere recibirlas”, agrega.
La directora de Género del municipio de La Guardia, Lourdes Maturano, dice que no conoce ningún caso de violencia o abuso político y que en su oficina sólo se atiende a la niñez, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La funcionaria está en el cargo desde octubre de 2024 y, en ese tiempo, ninguna denuncia de este tipo ha cruzado su escritorio. Habla sin rodeos, explica que si se requiere información sobre violencia política habrá que buscarla en otras instancias como Acobol.
Aunque conozcan casos de violencia y abuso político, no van a decir nada, repite Miriam Suárez, directora de la Casa de la Mujer, con una certeza que suena a sentencia. “En el país, todos los días se viola un principio básico: nadie debería ser cómplice de una agresión. Pero lo son. Por miedo o por necesidad. Porque cuidan el trabajo que les da para vivir. Y porque la Ley 243, esa herramienta que debería proteger a quienes ejercen un cargo político, es una ley menos conocida, incluso para las mujeres que la necesitan”; la ley 243, asegura Suárez, converge con la Ley 348, bebe de sus mismos principios, pero esa coincidencia no la vuelve perfecta ni suficiente.
“¿Cómo no van a saber -se pregunta indignada Suárez- si ahora mismo en La Guardia el Concejo y el Ejecutivo están enfrentados? ¿Cómo ignorar que hay documentos que el alcalde debe firmar y no firma porque vienen del Concejo?”. En el proceso de la Ley 243 -continúa Suárez-, la Ley 348 debería activarse de oficio, sostener la denuncia antes de que el miedo desgaste a quien la presenta. Pero no ocurre. Una mujer que está en ejercicio político apenas puede incidir en su partido: puede decir “dejen de fregar, me están persiguiendo”, puede exigir respeto a sus derechos políticos y civiles. El partido, en teoría, debería escuchar y protegerla. Pero no lo hace”.
A escala nacional, ACOBOL atendió 79 casos en 2021, 76 en 2022; luego, se registra un salto abrupto que llega a 151 casos en 2023, luego 118 en 2024; en 2025 la tendencia continúa como una sombra que no retrocede. Si se leen las cifras a escala departamental, en Santa Cruz hubo 17 casos en 2021, 22 en 2022, 30 en 2023, 18 en 2024 y 8 en 2025, una curva que desciende, pero no desaparece. Es Marianey Gonzales, coordinadora del Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política de ACOBOL, quien muestra estas cifras.
La institución señala que las denuncias disminuyeron respecto al año pasado, pero no porque la violencia haya cedido, sino porque las mujeres se cansan de golpear puertas que no se abren. Enfatiza que la figura de la gestión compartida se convirtió en un caballo de Troya: una idea presentada como cooperación que, en la práctica, abrió la puerta a presiones, tomas de funciones y maniobras internas para obligar a las autoridades a renunciar.
Leidy Guzmán, concejala municipal de Minero y miembro de la directiva nacional de ACOBOL, hace énfasis en el territorio movedizo y sin ley de las redes sociales. Aprendió que la violencia política también puede tener rostro digital cuando vio un video creado con inteligencia artificial en la que aparece junto a su expareja. Evidentemente era un montaje hecho para lastimar y mellar su dignidad. Ella lo cuenta sin aspavientos, con esa calma que no es resignación sino cansancio: dice “te hace sentir mal”, pero en ese mínimo late un golpe hondo, el desgarro de saber que la intimidad puede ser convertida en arma y que ese filo también roza a su hijo. Las instituciones, mientras tanto, parecen mirar hacia otro lado, y en esa ausencia los perfiles falsos prosperan como maleza. A veces, incluso en casa se cuela la duda: “Mi mamá me preguntó cuándo me habían grabado así”, dice Guzmán. Y en esa frase se resume la herida: la violencia digital no necesita tocar el cuerpo para dejar marca.
En cuanto a las denuncias, dice preocupada, deben hacerse por escrito, y muchas no son aceptadas; entonces deben pagar un abogado y no tienen dinero. Otras mujeres desisten porque el proceso es interminable, o porque algún funcionario les dice que su caso “no entra en la ley”. A veces, confiesa Leidy, el agresor cambia de actitud y el conflicto se apaga; otras, el sistema entero se queda quieto, dejando a las mujeres solas frente a la violencia.
El periodista Hernán Cabrera siguió el caso de Fernández. “Este hecho de violencia política fue uno de los tantos que quedaron en la impunidad”, dice ahora, con un cansancio que no es derrota sino memoria acumulada. Enumera culpables sin levantar la voz: concejales, alcaldes, legisladores, asambleístas, diputados, senadores, hasta la Presidencia. Todos, afirma, dejaron morir el mandato legal.
Habla del país como de un territorio donde los discursos progresistas se deshilachan apenas rozan la realidad. “El discurso de la despatriarcalización, el no machismo, siguen presentes en la sociedad boliviana, y mucho más cuando una mujer quiere asumir un cargo como concejala o alcaldesa”. Cabrera hace una pausa y lanza una cifra que es también una condena: “Hoy en día no hay ni una sola gobernadora y las alcaldesas son pocas. El Estado no quiere que una mujer asuma plenamente decisiones importantes y de liderazgos determinantes”, denuncia.
Regreso a un punto de partida que nunca dejó de ser destino
Si bien Jenny Fernández volvió a la alcaldía sin la banda ejecutiva que alguna vez rozó, ostenta la certeza de que debía terminar exactamente donde había empezado en 2010: como concejala. “Yo empecé con las juventudes del MAS cuando tenía 20 años y vivo en el municipio desde mis 8 años”, cuenta, y en medio de esa frase se oye el ruido remoto de una vida que se arma a pulso. Su familia llegó desde Cochabamba a La Guardia, donde Jenny conoció a su esposo. Ahí crió a sus cuatro hijos. Ahí, también, aprendió que la política es un territorio abierto para pocos, del que no consiguieron desalojarla del todo.
Hoy ella y su familia son parte de los 127.000 habitantes de este municipio cruceño, uno de los que más crece en la región metropolitana de Santa Cruz. Fernández piensa en La Guardia y ve, como un mapa que se despliega ante sus ojos, las urgencias de siempre: salud, seguridad, educación. Confiesa que todo eso le produce un ligero vértigo. Pero ese temblor no la detiene: lo usa como brújula. Porque, después de todo, hacer —intentar, insistir, empujar— ha sido siempre su manera más honesta de estar en el mundo.
Según el Órgano Electoral Plurinacional, el 41,4% de mujeres autoridades electas son obligadas a firmar todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad. Al 30% de ellas se les restringe e impide el cumplimiento efectivo de sus funciones y/o atribuciones. El 16,4% son discriminadas por su condición social, cultural, racial u otros factores.
La Coordinadora de la Mujer especifica que este tipo de violencia se ejerce contra candidatas, autoridades electas, designadas o funcionarias, incluso contra sus familias, con una finalidad quirúrgica: acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de sus cargos. Se trata de obligarlas, por miedo, por agotamiento, por desgaste— a actuar contra su voluntad o a renunciar a los derechos que les pertenecen. Y cuando ese acoso se vuelve violencia política, la agresión muta en golpe, insulto, humillación, amenazas, violencia sexual, y llega, en el extremo, hasta el feminicidio. Es un repertorio amplio, persistente, que ha empujado a muchas mujeres a abandonar cargos para los que fueron elegidas, a desistir de la vida política o a ejercerla en condiciones abiertamente desiguales, describen.
Cuando Fernández sufrió violencia y abuso político, la Ley N.º 243 apenas nacía y no contaba con el reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por AVP (Acoso y Violencia política) de mujeres candidatas, electas o en función político-pública. Esto recién está disponible desde 2017 y establece los procedimientos para la recepción de denuncias y renuncias vinculadas al acoso y la violencia política, con procedimientos diferenciados para cada caso.
Existen cuatro vías para formalizar una denuncia y cada una es una puerta que se abre en una pared inexpugnable. La primera es la vía penal: como los hechos están tipificados en el Código Penal, pueden denunciarse ante el Ministerio Público o la FELCV, y si en algún rincón del país esa oficina no existe, queda la FELCC, que es como acudir a un eco más distante del mismo Estado. También pueden acudir al Ministerio Público o la Fiscalía. La segunda es la vía administrativa con la Comisión de Ética de la institución a la que pertenece el agresor, por ejemplo, un concejo municipal debe actuar.
Pero cuando ninguna de las anteriores vías logra restablecer derechos, queda la tercera puerta, la vía constitucional: acciones de defensa inscritas en la carta magna, como un grito jurídico que intenta reparar lo que se torció. La cuarta, la vía electoral, se abre en el Tribunal Supremo Electoral si la víctima es diputada, senadora o magistrada; y en los Tribunales Electorales Departamentales cuando se trata de asambleístas, concejalas o autoridades electas. Todo esto late en la cartilla de la Coordinadora de la Mujer, ese manual que intenta nombrar lo que tantas veces se pretende silenciar: la prevención y actuación frente al acoso y la violencia política hacia las mujeres.
Recientemente, el Observatorio de Paridad Democrática del TSE presentó un nuevo sistema digital, que promete registrar renuncias para que no se pierdan en cajones polvorientos de los escritorios en los que muchas mujeres en ejercicio político solo sintieron la demora o la negligencia. El sistema define pasos precisos para dos tipos de trámites: cuando una mujer presenta su renuncia a un cargo obligada por la presión, las amenazas o la violencia; y cuando decide denunciar haber sido víctima de acoso o violencia política. En ese procedimiento, la tecnología se convierte en un resguardo, una especie de archivo vivo donde cada renuncia y cada denuncia queda inscrita como prueba y como memoria, para que la violencia no vuelva a esconderse bajo el ruido áspero del poder.
Mientras la situación para las mujeres que ejercen su derecho a participar de la política cambia lentamente, Jenny sigue de pie frente a su propio destino, diciendo que está dispuesta a seguir: alcaldesa, concejala, titular o suplente, lo que toque, lo que sirva. Lo dice con una serenidad que no es quietud sino decisión: desde donde esté —repite— quiere trabajar. Como si el cargo fuese apenas una forma y lo esencial fuera otra cosa: la pulsión de hacer, de empujar, de no soltar el hilo de una historia que lleva años tratando de quebrarla y que, sin embargo, la encuentra siempre ahí, insistiendo.
Trabajan —dice Jenny Fernández— como quien arma una barca en medio del río: sin garantías, con la urgencia que da saber que lo primordial es la gente. Habla del equipo que están formando, de esa agrupación que todavía espera la personería jurídica como quien espera una llave: la que abrirá, por fin, el camino para elegir los mejores perfiles, los líderes capaces de sostener un municipio que a veces parece más grande que sus propias fuerzas. En su voz hay una mezcla de paciencia y vértigo, como si cada trámite fuera también una prueba de resistencia.
Tenía 29 años cuando fue nombrada alcaldesa. Estuvo pocos días en el cargo.
El reemplazo de Fernández por Jaime Cabrera resonó en los medios de comunicación en el departamento cruceño.
Un año tardó el Tribunal Constitucional en restituirla en el cargo.
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